¿Es el concesionario “sujeto obligado” al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales?

Marta Caicoya – Qvadrigas Abogados para Proassa Magazine

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En el año 2011 empezamos a recibir consultas de varias asociaciones de concesionarios de vehículos preguntando por las implicaciones que tenía para los concesionarios la legislación de blanqueo de capitales.

En ese momento estaba en vigor la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“LPBC”) pero no existía aún su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo de 2014).

Las consultan surgieron como consecuencia de numerosas campañas agresivas realizadas por empresas de formación y consultoras, quienes bombardeaban, tanto a concesionarios, como a sus asociaciones, con avisos de que existían novedades legislativas sobre blanqueo de capitales que afectaba a los concesionarios de automóviles, advirtiéndoles de que, en caso de incumplimiento, se arriesgaban a enfrentarse a elevadas sanciones económicas. Este proceder hizo que los concesionarios recurrieran a sus asociaciones para que les confirmaran la veracidad de dicha información y les proporcionaran asesoramiento al respecto.

Dichas empresas basaban sus criterios al considerar a los concesionarios de vehículos como sujetos obligados al cumplimiento de la LPBC en virtud de su artículo 2.1. k), esto es, en tanto que “personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos”.

La consecuencia de dicha interpretación implicaba para los concesionarios cumplir con numerosas obligaciones tales como: inscripción en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y nombramiento de representante ante el mismo, cumplimiento de procedimientos y documentación específicas, formación de sus empleados, examen Anual Externo, etc.

A pesar de contestar a las consultas que nos hicieron las asociaciones, aclarando y advirtiendo que la mayoría de las obligaciones a las que se referían las advertencias recibidas por los asociados no eran de obligado cumplimiento para ellos, hemos seguido recibiendo consultas sobre el mismo tema hasta hoy.

Nuestro asesoramiento, hasta mediados de 2012, consistía básicamente en indicar que los concesionarios de vehículos solamente estaban sujetos al cumplimiento de ciertas obligaciones (las contenidas en los artículos 3, 12, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 de la LPBC) en determinados supuestos y todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la LPBC:

“Artículo 38.  Comercio de bienes

Las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en los artículos 3, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 respecto de las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen con los medios de pago a que se refiere el artículo 34.2 de esta Ley y por importe superior a 15.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación. (…)”

Es decir, serían los concesionarios sujetos obligados al cumplimiento de ciertas obligaciones solamente respecto de las transacciones por importe superior a 15.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación y siempre que se ejecuten con los siguientes medios de pago (a los que se refiere el artículo 34.2 de la LPBC):

a) El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.

b) Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.

c) Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

Salvo en las operaciones en las que se dieran dichas características (medios de pago específicos y por importe superior a 15.000 euros) los concesionarios no podían considerarse sujetos obligados al cumplimiento de la LPBC.

En el supuesto de que en una o varias operaciones de los concesionarios se dieran las citadas características, las obligaciones que debían cumplir de conformidad con la LPBC eran básicamente, las siguientes: i) Identificación formal: identificar y comprobar la identidad de los clientes, ii) Examen especial (art. 17), iii) Comunicación por indicio (art. 18), iv) Abstención de ejecución (art. 19), v) Colaboración con la Comisión y órganos de apoyo (art. 21), vi) Prohibición de revelación (art. 24) y vii) Conservación de documentos (art. 25).

Dado que muchas de las campañas de publicidad procedían de las más importantes consultoras de España y ello generaba dudas en los afectados, sugerí realizar una consulta escrita al SEPBLAC para poder zanjar el asunto.

La consulta que preparamos fue presentada en el SEPBLAC el 2 de julio de 2012 y firmada por dos asociaciones de concesionarios (la “Agrupación Nacional de Concesionarios Renault” y la “Asociación de Concesionarios Españoles de Volkswagen, Audi y Skoda”) y recibió respuesta escrita el 23 de enero de 2013.

Un breve resumen del contenido de dicha respuesta fue posteriormente publicado en la página web del SEPBLAC en el apartado “Preguntas Frecuentes” y dice así:

“¿Son sujetos obligados los concesionarios de automóviles?

Un concesionario de automóviles u otros medios de transporte puede ser sujeto obligado respecto a la compraventa del bien o respecto a su financiación, en el caso de que intermedie en la misma.

En cuanto a la compraventa de vehículos, será sujeto obligado cuando realice cobros o pagos en efectivo, u otros medios de pago previstos en el artículo 34.2, por importe superior a 15.000 euros*, ya sea en una o en varias operaciones en las que parezca existir algún tipo de relación. El artículo 38 de la Ley 10/2010 determina las obligaciones – no todas – que tienen estos sujetos obligados.

* En relación con este artículo hay que tener presente que el día 19 de noviembre de 2012 entró en vigor la limitación a los pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012.

En el caso de que un concesionario intermedie en la financiación de la compraventa del automóvil que vende no es sujeto obligado, pero sí lo sería si intermedia en la concesión de préstamos o créditos para financiar operaciones distintas a las anteriores.”

La respuesta confirmó nuestra interpretación de que los concesionarios de vehículos no pueden ser considerados sujetos obligados en virtud de lo alegado por las empresas de formación y consultoras referidas, es decir, por ser “personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos” (artículo 2.1 k de la LPBC), si bien sí podrían serlo – en aquel momento y antes del 19 de noviembre de 2012 – en las operaciones de venta de vehículos que realizasen y en las que concurrieran las circunstancias del mencionado artículo 38 de la LPBC.

A pesar de ello, sorprendentemente nos siguieron llegando nuevas consultas sobre la aplicación de la LPBC e incluso de su posterior Reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo de 2014). Fuimos hasta advertidos por los ofertantes de cursos de formación de que nuestra “mala interpretación de la Ley nos haría ser responsables de futuras sanciones de los asociados”.

Debe tenerse en cuenta que en la respuesta de la página web del SEPBLAC se puede observar la inclusión de un asterisco haciendo referencia a la entrada en vigor de la limitación de los medios de pago en efectivo establecida en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Se trata de la llamada “Ley Antifraude”.  El asterisco fue incluido posteriormente al envío de la respuesta del SEPBLAC debido a la existencia de una nueva norma.

Como ya asesoramos cuando entró en vigor el artículo 7 de la Ley Antifraude (19 de noviembre de 2012), desde ese momento existe una prohibición de pago en efectivo en las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera (artículo 7 de dicha Ley).

A efectos del cálculo se deben sumar los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Se entiende por “efectivo” los medios de pago referidos en el artículo 34.2 de la LPBC detallados más arriba.

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, en contestación a la pregunta formulada en el título del presente artículo: “¿ES EL CONCESIONARIO “SUJETO OBLIGADO” AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES?” Se puede concluir que, desde la entrada en vigor del artículo 7 de la Ley Antifraude, los concesionarios no pueden ser considerados sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Blanqueo de Capitales y su Reglamento de desarrollo, en virtud del artículo 38 de la LPBC, toda vez que existe una prohibición de no aceptar dinero en efectivo en operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros, por lo que no serán sujetos obligados en operaciones en efectivo por importe superior a 15.000 euros.

Así ha sido confirmado recientemente por escrito el SEPBLAC y es nuestro deseo aclararlo para zanjar cualquier duda al respecto.

Marta Caicoya Jaquete

Abogada

Qvadrigas Abogados

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