Pactos de no competencia entre empresa y trabajador ¿Qué ocurre cuando se termina un contrato?

Ignacio Sampere – BDO Abogados para Proassa Magazine

Contiene el art. 21 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) la opción de que la empresa y el trabajador acuerden un pacto de no competencia para después de terminado el contrato de trabajo, que no podrá superar el periodo máximo de dos años de duración para los trabajadores “técnicos”, y de seis meses para los demás trabajadores.  

Para que dicho pacto sea válido, el citado art. 21 exige que la empresa tenga un efectivo interés industrial o comercial en dicho compromiso de no competencia con cargo al empleado, así como que se satisfaga a éste una compensación económica adecuada.

La brevedad del citado art. 21, al regular el pacto de no competencia post contractual, ha dejado muchas cuestiones sin resolver y por ende ha obligado a nuestros tribunales a ir acotando los criterios y limitaciones que han de aplicarse a dichos pactos.

No contiene dicho artículo una tipificación o definición de conductas del trabajador que deban catalogarse como competencia post-contractual,  por lo que habrá que estar a cada caso concreto y en especial a las cláusulas pactadas de forma expresa entre la empresa y el trabajador.

Cumplidos los anteriores requisitos, si el trabajador incumple, en todo o en parte, su compromiso de no desarrollar actividades en competencia con su anterior empresa, ésta puede reclamar a aquél una indemnización derivada de dicho incumplimiento.

En derecho español, la parte perjudicada por el incumplimiento de una obligación, ha de acreditar ante el Juzgado los daños y perjuicios que ha sufrido como consecuencia de dicho incumplimiento. Ello comporta un esfuerzo probatorio importante que, en muchas ocasiones, no consigue acreditar el daño realmente producido por el incumplimiento.  En previsión de dicha dificultad probatoria, nuestro derecho permite que las partes estipulen anticipadamente una compensación a tanto alzado que exonera a la parte perjudicada de acreditar al juzgado los daños efectivamente sufridos por la obligación incumplida y objeto de la reclamación. Este tipo de compensación a tanto alzado se denomina “cláusula penal” (art. 1.152 del Código Civil).

Pues bien, dentro de la labor de interpretación y acotamiento de los conceptos y criterios referente a este tipo de pactos, el Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia con fecha 26  Octubre 2016 en la que se resuelve una demanda presentada por la empresa contra el trabajador por haber incumplido éste su compromiso de no competencia post contractual. En el caso analizado por la sentencia, se fijó una cláusula penal, es decir las partes habían estipulado  una cuantía indemnizatoria a tanto alzado, equivalente a un salario bruto anual del trabajador (en el caso analizado = 59.000€), para cubrir los daños y perjuicios que se derivarían, automáticamente, por el incumplimiento del pacto de no competencia post contractual.   Pues bien, tanto el Juzgado de lo Social, que resolvió inicialmente la demanda de la empresa contra el ex trabajador de ésta, como el TS  aceptan que el trabajador incumplió efectivamente el pacto de no competencia post  contractual, así como los efectos de la cláusula penal en cuanto que exonera a la empresa de acreditar la valoración económica de los daños generados a ésta por el incumplimiento del compromiso de no competencia del trabajador. 

Sin embargo, el TS entiende que la cuantía fijada como cláusula penal ( el equivalente a un salario bruto anual) no respeta la proporcionalidad que, a juicio de dicho Tribunal debe regir en estos casos. Para ello el TS señala que si el art. 21 del E.T. exige a la empresa  que compense económicamente  y de forma “adecuada”  al trabajador para poder exigirle el compromiso de no competencia post-contractual; de la misma manera, si el trabajador incumple dicho compromiso, la cuantía que se fije en la cláusula penal para resarcir a la empresa, ha de ser igualmente “adecuada”. De esta forma el TS interpreta los términos “compensación económica adecuada”, tanto para fijar la cuantía que la empresa debe satisfacer al trabajador (como condición necesaria para exigir dicho pacto), como para limitar la indemnización a tanto alzado que, en concepto de cláusula penal, el trabajador debe satisfacer a la empresa como consecuencia de su incumplimiento. Expuesto dicho razonamiento jurídico, el TS concluye que, en el caso analizado, la indemnización con cargo al trabajador (59.000€) debe moderarse sustancialmente, reduciéndola dicho tribunal a 18.000€ con cargo al trabajador y a favor de la empresa, al ser dicha cuantía el primer pago que había satisfecho la empresa al trabajador como compensación inicial por el pacto de no competencia post contractual. 

Así por tanto, la citada sentencia dictada por el TS con fecha 26 Octubre 2016 comporta una limitación importante a las cláusulas penales que contengan los pactos de no competencia post contractual, aunque dicha cláusula haya sido acordada de forma expresa por la empresa y el trabajador. Igualmente, dicha sentencia nos recuerda que no es equiparable el principio de la autonomía de la voluntad, o libertad de las partes, en el ámbito civil o mercantil,   con el que debe aplicare en el ámbito laboral, por cuanto el trabajador no se encuentra en el mismo plano para negociar con la empresa las condiciones y cláusulas de su contrato de trabajo.

Por último, indicar que debe diferenciarse la competencia del trabajador una vez finalizado su relación laboral, que sólo puede prohibirse si se ha estipulado de forma expresa un pacto de no competencia post contractual; de la competencia desleal que el trabajador realice contra la empresa encontrándose vigente su relación laboral con ésta.  Sobre dicha cuestión, es oportuno recordar que el ET prohíbe que el empleado realice servicios que constituyan una concurrencia desleal hacia la empresa con la que se encuentra vinculado laboralmente. El incumplimiento de dicha prohibición puede ser causa legal de despido disciplinario del trabajador, sin perjuicio de que, adicionalmente al despido, la empresa reclame al trabajador que incurrió en dicha grave deslealtad, una indemnización por los daños y perjuicios efectivamente causados.

 

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